La otra economía

¿Tiene sentido que el gobierno siga responsabilizando a la crisis financiera internacional de la situación de crisis de la economía española después de saber que los bancos que operan en España ganaron durante el primer trimestre del año más de 5 mil millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior?

¿No será que a alguien le interesa seguir atribuyendo la crisis económica nacional a factores internacionales para eludir la responsabilidad en la promoción de un patrón de desarrollo basado en la construcción compulsiva y del que se sabía que sus días serían más o menos largos pero, también, que estaban contados?

¿Y no será que esa argumentación también viene a facilitar la justificación del ministro de Economía y, en definitiva, de este gobierno para no aplicar una política contracíclica más activa a nivel nacional?

No, no puede ser eso. Debe de ser que soy muy mal pensado. Sí, eso debe de ser.

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En el último apunte señalaba que estaba a punto de aprobarse una directiva comunitaria que posibilitaba que los Estados miembros pudieran extender la jornada laboral hasta las 65 horas. Ayer se aprobaba ya la directiva en cuestión.

Este hecho, de entrada, es muy expresivo del margen con el que cuenta la ciudadanía europea para hacer llegar sus opiniones y pareceres a ese supragobierno no electo que gestiona –porque gobernar con criterios de empresa se denomina “gestionar”- la Unión Europea y el futuro de sus ciudadanos.

Aquí nadie se entera de nada hasta que no sale en la prensa el día antes a que se discuta y se vote. A continuación, desde allí nadie da explicaciones de nada porque, como la toma de decisiones es colectiva, todo el mundo se escuda en su limitada capacidad de influencia y, a lo sumo, se justifica diciendo que votó en contra. Y luego, de nuevo ya aquí, y como se supone que somos tan demócratas, pues a acatar el resultado de la votación sin rechistar y a seguir comulgando con ruedas de molino con lo que se decide sin nuestra participación.

Pero, además, en algunos casos lo que ya no es de recibo es el cinismo que se despliega para tratar de justificar lo injustificable como es este retroceso en derechos laborales conseguidos hace más de noventa años.

Así que, por si tenéis el juicio ofuscado o, realmente, no sabéis lo que os conviene, el Comisario de Empleo, el checo Vladímir Spidla, se ha preocupado de aclararnos a todos que esta directiva “es un paso adelante para los trabajadores”.

La valoración en cuestión me ha traído a la mente una frase cuya autoría atribuyen a Pinochet un par de años después de su golpe de Estado en Chile (aunque también la he oído otorgándole la autoría a Carlos Menem en Argentina). Dicen que dijo entonces: “En 1973 estábamos al borde del abismo; y hoy, con orgullo, podemos decir que hemos dado un paso al frente”. La lástima es que no se despeñara.

Pues eso. Europa sigue dando pasos al frente pero avanzando hacia la retaguardia. Una forma de avanzar un tanto rara, ¿no? 

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Deber resultar muy fácil para el Presidente del BBVA, Francisco González, que en 2007 cobró casi 10 millones de euros por distintos conceptos más otros tantos para su fondo de pensiones particular (que ya se eleva a más de 53 millones de euros) decir en público, ante la crisis que tenemos encima, que “las familias deben hacer sus deberes y no pedir ayudas al gobierno”.

Sí, debe ser realmente fácil para una persona cuyos ingresos equivalen a más de 500 veces el salario medio español acusar de pedigüeños a las familias que están hipotecadas hasta las cejas en la institución que él preside o en otras de su sector.

Eso sí, en la presentación de los resultados del BBVA a principios de año, no dudó en pedir medidas fiscales al gobierno para reactivar la economía. Evidentemente, todas ellas a favor del incremento del excedente empresarial y de la profundización del grado de flexibilidad de la economía y, más concretamente, del mercado de trabajo.

¿Por qué demandaba entonces lo que ahora le niega a otros? ¿Por qué para unos sí y para otros no, señor González?

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Ya he escrito estos días atrás sobre la directiva europea sobre retorno de los inmigrantes ilegales que está elaborando la Comisión Europea y a la que ya denominan la “Directiva de la vergüenza”.

Esta norma, dedicada a regular la repatriación por la vía rápida de personas que se encuentren de forma irregular en el territorio de la Unión Europea, contiene entre otras medidas:

- la posibilidad de retener a los inmigrantes sin papeles hasta 18 meses en centros de internamiento con una simple orden administrativa y sin que se medie la intervención de un juez (su papel quedaría relegado a confirmar la decisión “lo antes posible”).

- la prohibición de entrar en el territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años a toda aquella persona que hubiera sido expulsada.

- o el internamiento conjunto en los mismos centros de adultos y mayores.

En definitiva, una aberración que debería avergonzarnos a todos.

Pues bien, la citada directiva se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo que inicialmente estaba prevista para el día 5 de junio.

En esa votación previa, la Directiva se rechazó porque 11 de los 27 países votaron en contra.

¿Sabéis qué votó España? ¿Que no? ¿Ningún miembro de nuestro gobierno lo ha dicho? Pues sabed que España votó a favor de la aprobación de la Directiva.

Pero, frente a la opinión de España, la Directiva no se aprobó porque otros Estados pensaron que aún era excesivamente laxa. O sea, se constató aquello de que “otros vendrán que buenos nos harán”.

Reino Unido y Suecia votaron en contra porque en sus países la retención de los inmigrantes sin papeles se puede extender ilimitadamente y, por lo tanto, 18 meses les parecía poco.

Por otro lado, Austria, Alemania y Grecia se opusieron a que los Estados tengan que asumir los costes de la asistencia jurídica a los inmigrantes.

Y, finalmente, Francia se negó a votar favorablemente porque pretende que la expulsión de los menores sea también inmediata.

Así que, de momento, la aprobación de la Directiva se encuentra paralizada. Dado que no se aprobó en el trámite previo, no llegará al Parlamento Europeo. Pero, que no cunda el pánico, ahora se abre un periodo para proceder a renegociarla con los Estados que se opusieron y para que, consecuentemente, el resultado sea aún mucho más regresivo y contrario a los derechos humanos más básicos. Siempre se puede ir a peor o, como escribía hace un par de días, avanzamos retrocediendo.

Si queréis manifestar vuestra repulsa a esta Directiva podéis firmar en su contra en este enlace

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Me ha llegado hoy, a través mi siempre vigilante amigo Sebas, el texto del discurso del periodista gráfico Gervasio Sánchez en la entrega de los Premios Ortega y Gasset del pasado 7 demayo.

Ya sé que hace varias semanas de ello y que circula por otros blogs porque ni El País ni el Heraldo de Aragón, periódico que convocaba el premio, el primero, y para el que trabaja Gervasio, el segundo, lo recogieron salvo en una diminuta referencia a que su contenido aludía a la política armamentística de España.

Así que, aunque pudiera parecer un poco tarde para publicarlo, creo que, en primer lugar, nunca es tarde para hacerse eco de las valientes palabras de denuncia de otros y, menos, cuando la situación a la que se refiere persiste en el tiempo. De hecho, de lo que se queja Gervasio es de la persistencia en el tiempo del problema que denuncia y de la hipocresía en torno al mismo.

Y, en segundo lugar, porque hay que tener muchas narices para decir lo que dice delante de la Vicepresidenta del Gobierno, de varios ministros y ministras, de ex ministros del Partido Popular, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Alcalde de Madrid y del presidente del Senado y ese valor, sea cuando sea, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Tanto más cuanto sus palabras están tan cargadas de razón.

La foto es suya y es la premiada. Se llama “Sofía y Alia” y pertenece a la serie “Vidas minadas”

Os dejo con el discurso. [Sigue leyendo →]

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Era evidente que los efectos colaterales de la crisis económica también acabarían reflejándose en el tratamiento gubernamental de la emigración.

En su comparecencia de ayer en el Congreso, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no sólo endureció el discurso sobre la misma, sino que anunció que se estaba planteando una reforma de la Ley de Extranjería que incorporará algunos de los elementos de la polémica directiva que se están discutiendo actualmente en Europa y que esperan aprobar en junio; aún no sabemos cuáles.

Lo que sí sabemos es la valoración que hizo el ministro de una directiva que atenta gravemente contra los derechos humanos y se salta a la torera las más mínimas garantías jurídicas que rigen –o deberían regir- para cualquier persona en nuestra civilizada Europa. Y es que, en su opinión, dicha directiva “se puede ver como un retroceso o como un grave problema (…) pero es un avance en la armonización de las políticas europeas”.

Magnífica declaración ministro: Europa avanza retrocediendo. Retrocediendo en derechos, retrocediendo en garantías, retrocediendo en humanidad. Eso sí, de forma armónica. Un gran avance colectivo, sí señor.

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Solbes se despachaba ayer con unas declaraciones que, si bien a primera vista pudieran parecer sorprendentes, sin embargo no lo son tanto para quienes venimos siguiendo su trayectoria con una mínima atención.

Así, Solbes declaraba que se muestra “contrario a impedir artificialmente el necesario ajuste sobre la construcción”. Esto viene a significar, en román paladino, que piensa dejar que el peso de la crisis inmobiliaria recaiga sobre las economías familiares y, salvo los compromisos electorales –tipo devolución de los 400 euros en el IRPF- que Zapatero hizo en campaña y a los que no le ha quedado más remedio que plegarse, no piensa hacer nada por amortiguar su impacto sobre las mismas.

Evidentemente, se permite decir eso porque el ajuste, de momento, no lo están sufriendo los bancos que, según los últimos resultados, ganaron en 2007 casi un 20% más que el año anterior lo que debería constituir, junto a las reservas acumuladas, un buen colchón para enfrentar la crisis.

Pero, de todas formas, si la crisis inmobiliaria acaba transcendiendo el ámbito de las economías familiares, endeudadas muy por encima de sus posibilidades, y llegara al sector bancario, como parece que va acabar ocurriendo dado el ritmo al que crece la morosidad bancaria, ya veríamos cómo las declaraciones eran otras y las intervenciones “artificiales” sobre el mercado, que ahora repudia, se convertían en algo de los más natural como lo están siendo, por ejemplo, en los Estados Unidos

En todo caso y, aunque suene crudo, el ministro de Economía está siendo radicalmente consecuente consigo mismo y con su concepción neoliberal de la economía.

Es más, si algo no puede reprochársele a Solbes es falta de coherencia en el tiempo en sus posiciones porque, para quienes no lo recuerden, me permito recomendarles este artículo que yo mismo escribía hace ahora casi un año y medio (¡cómo pasa el tiempo!). En el mismo comentaba cómo Solbes ya anticipaba cuál iba a ser su posición en el caso de producirse la crisis inmobiliaria que por aquel entonces, aunque intuida, aún no era manifiesta y él, como siempre, se negaba a aceptar.

Solbes hablaba entonces del elevado umbral de dolor que tenían las familias españolas, capaces de soportar estoicamente y sin rechistar las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Si entonces pensaba eso es lógico que ahora, que la crisis ha llegado, siga pensando que las familias españolas son capaces de soportarlo todo.

Así que me reitero en lo avisado entonces: “prepárense a sufrir, Solbes dixit”.

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“Acertadamente o no, la gente percibe que la compraventa de contratos de futuros en los alimentos es especulativa y lleva a un aumento de los precios. En una democracia tienes que atender esa opinión”. Estas son las sorprendentes y atinadas palabras del ministro de Finanzas de la India, el país con mayor porcentaje de población pobre del mundo y en donde se está pensando en excluir los alimentos de la negociación en los mercados de futuros.

De entrada, sorprenden porque si esa es la percepción que la población india tiene del problema de la subida de los precios de los alimentos y si esa es la propuesta de solución que plantean, su nivel de conocimiento de las causas de la inflación contemporánea es más que envidiable. De hecho, es equiparable a la que tiene Jean Ziegler, el saliente Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación, quien estimaba que la especulación financiera es responsable del 30% de la explosión de los precios de los alimentos.

Y es que no andan muy descaminados los indios porque la entrada del capital financiero especulativo en los mercados de materias primas acontecida en los últimos años y agravada en los meses recientes ha contribuido de forma decisiva al alza de los precios de los alimentos. Así, según la FAO, en el último año el trigo se ha encarecido un 130%, el arroz un 74%, la soja un 87% y el maíz un 53%.

Es más, en el mercado de materias primas de Chicago, el número de contratos ha aumentado un 20% desde principios de año y, actualmente, se negocian más de un millón de contratos diarios. Por ofrecer otro dato que refuerce el argumento: en torno al 50-60% de la producción de trigo comercializada en los mercados de materias primas está controlada por fondos de inversión especulativos.

En este sentido, el aumento de la inversión financiera especulativa no sólo está dando lugar a una mayor volatilidad de los precios sino que, además, en un contexto de demanda de alimentos al alza y limitaciones en la producción, se traduce en subidas continuadas de los mismos que, como siempre, padecerán quienes poseen menos recursos. 

En cualquier caso, lo que más me sorprende de esa declaración es el reconocimiento del ministro de Finanzas indio de que en una democracia el pueblo no habla tan sólo una vez cada cierto tiempo, cuando deposita su voto en las urnas, sino que tiene derecho a hablar en todo momento y los gobernantes tienen la obligación de escucharlo y obrar en consecuencia.

A ese concepto de la democracia me gustaría que se acercaran quienes gobiernan nuestro país cuando la población clama porque deje de tratarse la vivienda como una mercancía, masivamente adquirida con fines especulativos, y se trate, al menos, como lo que reconoce nuestra Constitución. Esto es, como un derecho fundamental. ¿Será tan difícil? Me temo que sí.

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Cuenta Plutarco en sus “Vidas paralelas” que un patricio romano, Publio Clodio Pulcro, se enamoró de Pompeya, mujer de Julio César. Era tal su enamoramiento que se disfrazó de mujer para poder entrar a la casa de Julio César y visitarla, pero fue descubierto y juzgado, aunque logró escapar a la condena sobornando al jurado.

Por su parte, y seguro de la fidelidad de Pompeya, Julio César le recriminó a ésta que no bastaba con que la mujer del César fuera honesta, también tenía que parecerlo.

Lo anterior viene al caso al hilo del reciente fichaje de David Taguas, quien fue hasta finales de la anterior legislatura director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, como presidente de SEOPAN, la asociación a la que pertenecen las 33 principales empresas constructoras españolas. [Sigue leyendo →]

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Mientras ayer escribía la anterior entrada a este cuaderno en la que, precisamente, cuestionaba la credibilidad de la nueva estimación de la tasa de desempleo para 2008 que había hecho Solbes, al presidente del gobierno no se le ocurría otra cosa para defender su gestión en materia económica que decir que “la peor previsión de paro que podamos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la que mejor tuvo el PP”.

Dejando de lado la dudosa corrección gramatical de la frase, el planteamiento es expresivo de esa forma de hacer política tan moderna y que tanto gusta al presidente de este centro progresista, como define Zapatero la posición ideológica de su partido, y donde acaba debatiéndose sobre las palabras y no sobre los hechos y, mucho menos, sobre las ideas.

Pues muy bien. De entrada, si las previsiones se hacen sobre criterios voluntaristas y el objetivo es tener unas previsiones por debajo de las mejores que tuvo el Partido Popular, háganse, que siempre se conseguirán. Otra cosa será lo que finalmente dicte la realidad.

Y, de salida, ¿a quién le importa que sean mejores o peores que las del Partido Popular? Lo relevante no es eso. Lo importante es que no aumente el desempleo o lo haga lo menos y más lento posible; que, en caso de aumentar, los desempleados estén suficientemente cubiertos, en cantidad y duración de la prestación, por el seguro de desempleo; y, finalmente, que se encuentre lo más rápidamente posible salida a esta crisis y se genere empleo para estas personas, a poder ser, sin volver a relanzar hasta la estratosfera la construcción de viviendas en este país. Que ya sobran.

Eso es lo relevante. Todo lo demás es logomaquia.

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