Ya he escrito estos días atrás sobre la directiva europea sobre retorno de los inmigrantes ilegales que está elaborando la Comisión Europea y a la que ya denominan la “Directiva de la vergüenza”.
Esta norma, dedicada a regular la repatriación por la vía rápida de personas que se encuentren de forma irregular en el territorio de la Unión Europea, contiene entre otras medidas:
- la posibilidad de retener a los inmigrantes sin papeles hasta 18 meses en centros de internamiento con una simple orden administrativa y sin que se medie la intervención de un juez (su papel quedaría relegado a confirmar la decisión “lo antes posible”).
- la prohibición de entrar en el territorio de la Unión Europea durante un periodo de 5 años a toda aquella persona que hubiera sido expulsada.
- o el internamiento conjunto en los mismos centros de adultos y mayores.
En definitiva, una aberración que debería avergonzarnos a todos.
Pues bien, la citada directiva se votó el pasado día 7 de mayo en el Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea como paso previo a su votación en el Parlamento Europeo que inicialmente estaba prevista para el día 5 de junio.
En esa votación previa, la Directiva se rechazó porque 11 de los 27 países votaron en contra.
¿Sabéis qué votó España? ¿Que no? ¿Ningún miembro de nuestro gobierno lo ha dicho? Pues sabed que España votó a favor de la aprobación de la Directiva.
Pero, frente a la opinión de España, la Directiva no se aprobó porque otros Estados pensaron que aún era excesivamente laxa. O sea, se constató aquello de que “otros vendrán que buenos nos harán”.
Reino Unido y Suecia votaron en contra porque en sus países la retención de los inmigrantes sin papeles se puede extender ilimitadamente y, por lo tanto, 18 meses les parecía poco.
Por otro lado, Austria, Alemania y Grecia se opusieron a que los Estados tengan que asumir los costes de la asistencia jurídica a los inmigrantes.
Y, finalmente, Francia se negó a votar favorablemente porque pretende que la expulsión de los menores sea también inmediata.
Así que, de momento, la aprobación de la Directiva se encuentra paralizada. Dado que no se aprobó en el trámite previo, no llegará al Parlamento Europeo. Pero, que no cunda el pánico, ahora se abre un periodo para proceder a renegociarla con los Estados que se opusieron y para que, consecuentemente, el resultado sea aún mucho más regresivo y contrario a los derechos humanos más básicos. Siempre se puede ir a peor o, como escribía hace un par de días, avanzamos retrocediendo.
Si queréis manifestar vuestra repulsa a esta Directiva podéis firmar en su contra en este enlace
Tags: Europa, España, Economía by Alberto Montero
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